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Red de Justicia Fiscal

Convención Fiscal de la ONU

PREGUNTAS
FRECUENTES

Todo lo que debes saber sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.


Una herramienta trabajada en conjunto entre la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).

EL MARCO INSTITUCIONAL:

¿Qué son las Convenciones Marco de la ONU?

Las convenciones de Naciones Unidas son acuerdos globales que establecen marcos generales para la gobernanza sobre temas específicos como, por ejemplo, el Cambio Climático, la lucha contra la Tortura o la Diversidad Biológica. Las convenciones negociadas en las ONU pueden contar con acuerdos adicionales más detallados, conocidos como protocolos, que profundizan sobre distintos aspectos asociados a la problemática central. Cuando las versiones definitivas de las convenciones y los protocolos son aprobados por la Asamblea General, los textos deben ser incorporados a los marcos normativos nacionales y, para eso, es necesario que los parlamentos de cada país les rubriquen.

Las convenciones son una herramienta relevante en áreas donde existen asuntos pendientes por resolver, ya que facilitan un enfoque gradual y flexible que permite adaptarse a nuevas circunstancias y abordar temas emergentes. Además, aunque su objetivo principal es definir estructuras de gobernanza, una convención marco puede incluir elementos sustanciales sobre cuestiones en las que ya existe consenso político.

En ese sentido, la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional no se centra únicamente en establecer reglas técnicas tendientes que mejoren la “cooperación fiscal internacional”, sino que tiene un enfoque integral que reconoce la interdependencia entre la tributación y otros desafíos globales como el desarrollo sostenible y la justicia social.

Asimismo, la Convención Fiscal de la ONU busca generar acuerdos internacionales que permitan afrontar importantes problemas cuyo origen y funcionamiento están sujetos a una dinámica global, como la evasión y elusión fiscal; así como apuntalar la transparencia y la asignación justa de los derechos tributarios. De esta manera, se posiciona como una herramienta para avanzar hacia un sistema fiscal internacional más equitativo, sostenible y alineado con las agendas sociales.

Los Términos de Referencia establecieron que el Comité Intergubernamental de Negociaciones desarrollará  dos protocolos tempranos en simultáneo con la Convención: el primero debe abordar la tributación de los  ingresos derivados de la prestación de servicios transfronterizos en una economía cada vez más digitalizada  y globalizada; el segundo, la prevención y solución de disputas fiscales. Además, se prevé la posibilidad de  sumar protocolos adicionales de forma voluntaria, que podrían abarcar temas como flujos financieros  ilícitos, tributación de grandes patrimonios, cooperación ambiental en materia fiscal, intercambio de  información y prácticas fiscales nocivas.

Aunque se han realizado críticas por la falta de participación plena de la sociedad civil en algunas instancias,  el proceso viene siendo multilateral e inclusivo, organizado en un calendario de tres sesiones de negociación  anuales hasta 2027. Al finalizar el ciclo, se presentará a la Asamblea General el texto definitivo de la  Convención junto con los dos protocolos iniciales. Este enfoque escalonado puede permitir que el tratado  cuente con compromisos firmes desde el inicio, pero también flexibilidad para incorporar nuevas áreas en  el futuro.

Desde el comienzo del proceso los países impulsores buscaron enmarcar la convención en un enfoque de  Convención Marco y Protocolos, lo que permite establecer un sistema general de gobernanza, para avanzar  en la adopción de compromisos más específicos a lo largo del tiempo. En ese marco, los protocolos de las  Convenciones Marco son, según la propia Organización de las Naciones Unidas, “instrumentos con  obligaciones sustantivas específicas que implementan los objetivos generales de la Convención, 

permitiendo así un proceso de negociación más ágil. Por ende, para ser parte de un protocolo es necesario  ser parte también de la Convención Marco” .

En ese sentido, la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional contará con  mecanismos de implementación y cumplimiento basados en protocolos que, como la Convención, deberán  ser rubricados por cada país para que sean vinculantes. Esto significa que los Estados que se adhieran a la  Convención Marco no están obligados automáticamente a cumplir sus protocolos, sino que cada país  decidirá si los ratifica o no. Si un Estado firma y ratifica un protocolo, éste se vuelve jurídicamente vinculante  para él; si un país no ratifica los protocolos, sólo permanece sujeto a las disposiciones generales de la  Convención. Así, la ratificación determina si asume las obligaciones específicas de cada instrumento.

Cabe mencionar que, a pesar de las ventajas de los protocolos, es necesaria una conciencia colectiva  respecto al riesgo que supone la fragmentación de la Convención a través de múltiples protocolos y una  dependencia excesiva de los mismos. Las OSC vienen advirtiendo al respecto, teniendo en cuenta que cada  protocolo conlleva un sistema de gobernanza independiente y que entre los firmantes de cada uno podrían  no estar todos los firmantes de la convención, lo que podría implicar nuevas fragmentaciones en el sistema  tributario internacional. Es por eso que las OSC instan a los Estados miembros de la ONU a buscar una  convención con compromisos firmes y claros que permitan su implementación por parte de la futura  Conferencia de las Partes, sin requerir la adopción de protocolos adicionales.

La Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional será un instrumento jurídicamente  vinculante para los estados que decidan adoptarla formalmente. Al tratarse de una “convención marco”, se  establecerán principios generales, obligaciones comunes y protocolos específicos. Sin embargo, como  ocurre en otros tratados multilaterales de este tipo, solo serán obligatorias las disposiciones para aquellos  Estados que ratifiquen dentro de sus marcos legales la Convención y sus protocolos correspondientes. En  otras palabras, la fuerza jurídica dependerá de la voluntad soberana de cada Estado de sumarse al acuerdo  y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cooperación fiscal.

La importancia de que la Convención sea jurídicamente vinculante radica en la posibilidad de construir  compromisos políticos sólidos y con impacto. En contraste, los mecanismos actuales como los de la OCDE,  se basan en estándares o compromisos blandos. Eso hace que muchos países -sobre todo desarrollados puedan adherir en discurso, pero no aplicar en la práctica. En cambio, un tratado vinculante genera  obligaciones jurídicas, imponiendo normas que permitirían realmente transformar el sistema fiscal internacional.

Los países acordaron que la elaboración de una propuesta de convención marco sería acompañada por la  redacción de dos protocolos iniciales sobre temáticas específicas. El instrumento central del proceso  impulsado en las Naciones Unidas es la convención, pero, como sucede en diferentes negociaciones  multilaterales, los países también acordaron “adelantarse” y llegar a la Asamblea General en 2027 con una  propuesta sobre cómo abordar los desafíos de la digitalización de la economía y otra sobre cómo prevenir y  resolver disputas. Los protocolos son herramientas complementarias a la convención que pueden  negociarse en paralelo y/o una vez que ese proceso fue finalizado. No existen límites para la cantidad de  protocolos que pueden ser elaborados bajo el paraguas de una convención marco. 

Los Términos de Referencia establecen que los países podrán trabajar en nuevos protocolos una vez que la  Convención Fiscal de la ONU haya sido adoptada por la Asamblea General. El listado de temas mencionados  incluye cuestiones como:

  • Medidas contra los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos 
  • Lucha contra la evasión y la elusión fiscales por parte de las personas con grandes patrimonios y la  garantía de su imposición efectiva en los Estados Miembros pertinentes 
  • La cooperación fiscal en asuntos ambientales 
  • El intercambio de información con fines fiscales 
  • La colaboración administrativa en materia tributaria 
  • Prácticas fiscales perjudiciales

 

La Convención está diseñada como un marco expansivo y evolutivo, con una hoja de ruta clara para seguir  desarrollando normas multilaterales tras la adopción de los primeros protocolos. De esta forma, aunque  una problemática actual o futura no esté explícitamente mencionada podrá ser abordada si, una vez  aprobada la convención marco, las partes se ponen de acuerdo.

Es importante señalar que de acuerdo con la hoja de ruta “los protocolos son instrumentos para la  aplicación o elaboración de la convención marco que son jurídicamente vinculantes por separado en el  ámbito de la convención”. En ese sentido, los países precisaron que “toda parte en la convención marco  debería poder elegir ser o no parte en un protocolo sobre cualquier cuestión fiscal sustantiva, ya sea en el  momento de hacerse parte en la convención marco o posteriormente”.

Por eso es relevante comprender que, a pesar de las “ventajas” que pueden ofrecer los protocolos, es  necesario advertir el riesgo que supondría la fragmentación de la Convención Fiscal de la ONU a través de  múltiples protocolos y una dependencia excesiva de los mismos. Debe tenerse en cuenta que cada  protocolo conlleva un sistema de gobernanza independiente y que entre los firmantes de cada uno podrían  no estar todos los firmantes de la convención. La multiplicación de este escenario podría implicar nuevas  fragmentaciones en el sistema tributario internacional. 

Desde la sociedad civil se advierte sobre los riesgos asociados a la “excesiva protocolización” y se promueve  y demanda contar con una convención con compromisos firmes y claros que permitan su implementación  por parte de la futura Conferencia de las Partes, sin requerir la adopción de múltiples protocolos  adicionales.

Por eso es relevante comprender que, a pesar de las “ventajas” que pueden ofrecer los protocolos, es  necesario advertir el riesgo que supondría la fragmentación de la Convención Fiscal de la ONU a través de  múltiples protocolos y una dependencia excesiva de los mismos. Debe tenerse en cuenta que cada  protocolo conlleva un sistema de gobernanza independiente y que entre los firmantes de cada uno podrían  no estar todos los firmantes de la convención. La multiplicación de este escenario podría implicar nuevas  fragmentaciones en el sistema tributario internacional. 

Desde la sociedad civil se advierte sobre los riesgos asociados a la “excesiva protocolización” y se promueve  y demanda contar con una convención con compromisos firmes y claros que permitan su implementación  por parte de la futura Conferencia de las Partes, sin requerir la adopción de múltiples protocolos  adicionales.

Existen numerosas convenciones de la ONU, objetivos globales, obligaciones y compromisos a los que los  gobiernos se han adherido, en materia de desarrollo, igualdad, ambiente, derechos como salud y educación,  entre otros. Todos ellos tienen en común un elemento preocupante: la desesperante falta de financiamiento  genuino para garantizar su cumplimiento. El sistema fiscal vigente es altamente ineficaz y representa un  impedimento adicional para que muchos países, en particular los del Sur Global, cumplan con sus objetivos  y obligaciones. En ese contexto, una Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional  que sea justa, ambiciosa y eficaz es imprescindible.

En medio de la pluralidad de crisis que enfrenta el mundo, es necesario reconocer el impacto de los sistemas  fiscales para lograr justicia en todas sus dimensiones: económica, social, política, cultural, racial y  medioambiental. Es en este sentido que la Convención Fiscal de la ONU se vincula estrechamente con otras  agendas de justicia global: porque busca articular la política fiscal con objetivos más amplios y abre la  posibilidad de generar los recursos para enfrentarlos. El verdadero problema del financiamiento de estas  agendas no es la escasez, como muchas veces se intenta sostener, sino la captura. La riqueza extrema y las  ganancias multinacionales subgravadas abundan; lo que falta es la capacidad y decisión de muchos países  para gravarlas efectivamente. Esta capacidad se ha ido debilitando tanto por las normas globales como por  las políticas nacionales moldeadas por quienes más se benefician del status quo. 

Naciones Unidas ha reconocido la necesidad de un “enfoque holístico” para la cooperación fiscal, que  además de considerar el comercio o la inversión, abarque cuestiones como el desarrollo, el clima y la  desigualdad.

En este sentido, la Convención aborda de manera estructural el problema de la evasión, elusión y abuso  fiscal, que priva a los países -especialmente a los del Sur Global- de los recursos necesarios para financiar  servicios esenciales como salud, educación e infraestructura y cumplir con sus compromisos asumidos. De  este modo, se convierte en una herramienta que permite avanzar en la Agenda 2030 y los Objetivos de  Desarrollo Sostenible (ODS), garantizando que los Estados cuenten con medios suficientes y estables para  reducir desigualdades y promover un desarrollo inclusivo.

Al mismo tiempo, la Convención incorpora explícitamente principios de derechos humanos, como  transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación, que orientan el diseño y la aplicación de  las políticas fiscales. Esto permite que la recaudación tributaria no solo financie derechos económicos y  sociales, sino que también fortalezca la legitimidad democrática de los sistemas fiscales.

La convención se proyecta también como una herramienta clave para avanzar en agendas como las de  desarrollo, salud e igualdad de género. Las negociaciones fiscales de la ONU constituyen un punto de  inflexión histórico, particularmente en el contexto del financiamiento para el desarrollo, porque reúnen a  todos los países para debatir una cuestión sistémica en la arquitectura financiera internacional. Esto se  produce en un momento en que los países del Sur Global reclaman financiamiento para el desarrollo. El  sector de la salud también se ve particularmente afectado por la falta de financiación resultante de la  evasión fiscal, la elusión y la competencia fiscal, así como por las exenciones impositivas. La Convención  Fiscal de la ONU es una oportunidad para combatirlas, lo que en última instancia podría asegurar la  financiación necesaria para los servicios públicos, incluida la salud. Así mismo, representa una oportunidad  para que los gobiernos y sus acciones fiscales devuelvan a las mujeres las oportunidades históricamente  robadas. Los sistemas fiscales deben abordar la injusta organización social que asigna el trabajo doméstico  y de cuidados a mujeres, reconociendo que el funcionamiento de nuestras sociedades depende de ello, y  adoptar medidas sensibles a las desigualdades de género.

A su vez, la justicia fiscal y la justicia climática están profundamente entrelazadas, en tanto sin una  cooperación fiscal internacional justa no habrá financiamiento suficiente para una acción climática justa y  efectiva. Al establecer mecanismos más justos de tributación sobre grandes corporaciones, riqueza y  sectores intensivos en carbono, abre la posibilidad de generar recursos previsibles y sostenibles para  financiar la transición energética y responder a las pérdidas y daños que enfrentan los países más  vulnerables. De este modo, la gobernanza fiscal se conecta con los compromisos internacionales de acción  y justicia climática. 

La relevancia de la Convención trasciende lo tributario porque un sistema fiscal internacional justo es  esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover la igualdad de género, enfrentar el  cambio climático y garantizar los derechos humanos. En este sentido, la Convención puede proporcionar la  base institucional y normativa para lograrlo.