EL RECORRIDO HISTORICO DEL PROCESO:
¿Cómo fue el proceso de negociación de la Convención?
El proceso de negociación de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional ha sido el resultado de décadas de esfuerzos y demandas por parte de los países del Sur Global para transformar un sistema fiscal internacional históricamente dominado por los países ricos y las normas de la OCDE, que durante mucho tiempo marginaron las necesidades y perspectivas de las economías en desarrollo.
Este camino se aceleró notablemente en 2022, cuando el Grupo Africano, con el respaldo del G77 y China, logró impulsar una resolución clave en la Asamblea General de la ONU que abrió la puerta a negociaciones intergubernamentales inclusivas.
En noviembre de 2022, la Asamblea General aprobó un proyecto de resolución, que fue adoptado por consenso en diciembre de 2022 mediante la Resolución 77/244. Este hecho marcó un punto de inflexión, trasladando el debate fiscal internacional desde la OCDE hacia un ámbito multilateral e inclusivo.
En febrero de 2023, el Secretario General de la ONU invitó a los Estados a presentar aportes escritos para su informe, lo que dio paso a sesiones informales de mayo a agosto de ese año. En agosto de 2023, publicó su informe defendiendo un papel más activo de las Naciones Unidas en la configuración y establecimiento de normas fiscales internacionales. En septiembre de ese año se inauguró el 78º período de sesiones de la Asamblea General y en octubre comenzó el debate. En noviembre de 2023, se aprobó una resolución que estableció un proceso en dos etapas para negociar una Convención Marco jurídicamente vinculante. La resolución fue adoptada en la Asamblea General con amplia mayoría, aunque 48 países -principalmente miembros de la OCDE- votaron en contra.
En diciembre de 2023, la Asamblea General adoptó la resolución 78/230, creando un Comité Ad Hoc encargado de elaborar los Términos de Referencia para la Convención. En febrero de 2024, se formó oficialmente este espacio y se convocó a todos los Estados miembros a participar en la fase sustantiva de desarrollo de la hoja de ruta. En mayo de 2024 tuvo lugar la primera sesión en la sede de la ONU en Nueva York, seguida por la segunda sesión entre el 29 de julio y el 16 de agosto, en la que se aprobaron los términos de referencia con 110 votos a favor.
En noviembre de 2024, la Asamblea General adoptó formalmente los TdR y la hoja de ruta para la negociación entre 2025 y 2027.
En febrero de 2025 se celebró la sesión organizativa del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), en la que se aprobaron las reglas de procedimiento y se terminaron de definir los dos protocolos iniciales que serían elaborados en paralelo con la Convención Marco: uno sobre la tributación de la economía digital y el otro sobre la resolución y prevención de disputas. En esa instancia, Estados Unidos anunció su retiro del proceso, aunque ningún otro país lo acompañó; el Reino Unido expresó reservas, pero decidió continuar participando.
Entre agosto de 2025 y septiembre de 2027, los Estados miembros celebrarán tres sesiones anuales para negociar un texto de referencia sobre cooperación fiscal internacional, con el objetivo de concluirlo para su presentación a la Asamblea General en 2027.
¿Por qué es importante la cooperación internacional en materia fiscal?
Cada año los países pierden cientos de miles de millones de dólares de ingresos fiscales debido a una cooperación fiscal internacional totalmente ineficaz. La crisis del sistema fiscal mundial está provocando una hemorragia de recursos públicos permanente, mientras ese dinero se necesita con urgencia para financiar servicios públicos esenciales. Las lagunas jurídicas, las prácticas perniciosas y los paraísos fiscales permiten a las personas y empresas más ricas del mundo seguir eludiendo impuestos, mientras las desigualdades siguen aumentando, tanto entre los países como dentro de ellos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los gobiernos de la región dejan de recaudar anualmente cerca del 6,3 % del PIB como consecuencia de los abusos fiscales. Esta cifra equivale al presupuesto destinado a salud en forma anual de la región. Adicionalmente, los países otorgan incentivos fiscales para los cuales no existen evidencias de su efectividad. La CEPAL calcula que estos privilegios fiscales en la región corresponden a cerca del 4% del PIB de los países, un porcentaje idéntico al que la región invierte en educación pública. Así, es posible apreciar cómo “desaparece” el 10% del PIB regional sólo como consecuencia de la evasión tributaria y los privilegios fiscales. Con estos recursos sería posible garantizar la realización de los derechos humanos y enfrentar enormes desafíos de la actualidad como el hambre, la pobreza y el cambio climático.
En el actual contexto, de un creciente movimiento transfronterizo de bienes y servicios, los impuestos se han convertido no solo en un asunto interno, sino también internacional. Esto se debe a que, con una mayor globalización, múltiples países reclaman el derecho a gravar los mismos ingresos o entidades derivados del movimiento transfronterizo de bienes y servicios. Mientras tanto, también hay una creciente presencia de empresas multinacionales que participan en una planificación fiscal agresiva al abusar de las diferencias en las normas tributarias entre diferentes jurisdicciones, la existencia de paraísos fiscales, la mayor sofisticación de los sistemas financieros, así como la evolución en la forma de hacer negocios debido a la digitalización de la economía. En ese marco, el poder de gravar impuestos es una cuestión que involucra consideraciones políticas, económicas y de soberanía, que trascienden las fronteras nacionales, debiendo canalizarse en agrupaciones regionales y foros internacionales a los que los países pertenecen y utilizan para avanzar en sus intereses.
Estos problemas y factores a los que nos enfrentamos han hecho necesaria la cooperación fiscal internacional. Para enfrentar esta crítica pérdida de recursos públicos, es imperante que los países cooperen entre sí, precisamente porque el abuso fiscal no tiene fronteras. Los gobiernos necesitan actuar colectivamente para acabar con las guaridas fiscales y financieras, combatir los flujos financieros ilícitos e impedir la concesión de incentivos fiscales inefectivos que provocan la carrera a la baja entre países, entre otros problemas. Asimismo, la cooperación es crucial para lograr que las multinacionales tributen en los países donde generan sus beneficios, promover el intercambio automático de información tributaria y financiera, y establecer normas que permitan procesos fiscales más justos e inclusivos.
