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Red de Justicia Fiscal

Convención Fiscal de la ONU

PREGUNTAS
FRECUENTES

Todo lo que debes saber sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.


Una herramienta trabajada en conjunto entre la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).

EL RECORRIDO HISTORICO DEL PROCESO:

¿Cómo fue el proceso de negociación de la Convención?

El proceso de negociación de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional ha sido  el resultado de décadas de esfuerzos y demandas por parte de los países del Sur Global para transformar  un sistema fiscal internacional históricamente dominado por los países ricos y las normas de la OCDE, que  durante mucho tiempo marginaron las necesidades y perspectivas de las economías en desarrollo. 

Este camino se aceleró notablemente en 2022, cuando el Grupo Africano, con el respaldo del G77 y China,  logró impulsar una resolución clave en la Asamblea General de la ONU que abrió la puerta a negociaciones  intergubernamentales inclusivas. 

En noviembre de 2022, la Asamblea General aprobó un proyecto de resolución, que fue adoptado por  consenso en diciembre de 2022 mediante la Resolución 77/244. Este hecho marcó un punto de inflexión,  trasladando el debate fiscal internacional desde la OCDE hacia un ámbito multilateral e inclusivo.

En febrero de 2023, el Secretario General de la ONU invitó a los Estados a presentar aportes escritos para su  informe, lo que dio paso a sesiones informales de mayo a agosto de ese año. En agosto de 2023, publicó su  informe defendiendo un papel más activo de las Naciones Unidas en la configuración y establecimiento de  normas fiscales internacionales. En septiembre de ese año se inauguró el 78º período de sesiones de la  Asamblea General y en octubre comenzó el debate. En noviembre de 2023, se aprobó una resolución que  estableció un proceso en dos etapas para negociar una Convención Marco jurídicamente vinculante. La  resolución fue adoptada en la Asamblea General con amplia mayoría, aunque 48 países -principalmente  miembros de la OCDE- votaron en contra.

En diciembre de 2023, la Asamblea General adoptó la resolución 78/230, creando un Comité Ad Hoc  encargado de elaborar los Términos de Referencia para la Convención. En febrero de 2024, se formó  oficialmente este espacio y se convocó a todos los Estados miembros a participar en la fase sustantiva de  desarrollo de la hoja de ruta. En mayo de 2024 tuvo lugar la primera sesión en la sede de la ONU en Nueva  York, seguida por la segunda sesión entre el 29 de julio y el 16 de agosto, en la que se aprobaron los  términos de referencia con 110 votos a favor.

En noviembre de 2024, la Asamblea General adoptó formalmente los TdR y la hoja de ruta para la  negociación entre 2025 y 2027. 

En febrero de 2025 se celebró la sesión organizativa del Comité Intergubernamental de Negociación (INC),  en la que se aprobaron las reglas de procedimiento y se terminaron de definir los dos protocolos iniciales  que serían elaborados en paralelo con la Convención Marco: uno sobre la tributación de la economía digital  y el otro sobre la resolución y prevención de disputas. En esa instancia, Estados Unidos anunció su retiro del  proceso, aunque ningún otro país lo acompañó; el Reino Unido expresó reservas, pero decidió continuar  participando. 

Entre agosto de 2025 y septiembre de 2027, los Estados miembros celebrarán tres sesiones anuales para  negociar un texto de referencia sobre cooperación fiscal internacional, con el objetivo de concluirlo para su  presentación a la Asamblea General en 2027.

Cada año los países pierden cientos de miles de millones de dólares de ingresos fiscales debido a una  cooperación fiscal internacional totalmente ineficaz. La crisis del sistema fiscal mundial está provocando una  hemorragia de recursos públicos permanente, mientras ese dinero se necesita con urgencia para financiar  servicios públicos esenciales. Las lagunas jurídicas, las prácticas perniciosas y los paraísos fiscales permiten  a las personas y empresas más ricas del mundo seguir eludiendo impuestos, mientras las desigualdades  siguen aumentando, tanto entre los países como dentro de ellos. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los gobiernos de la región  dejan de recaudar anualmente cerca del 6,3 % del PIB como consecuencia de los abusos fiscales. Esta cifra  equivale al presupuesto destinado a salud en forma anual de la región. Adicionalmente, los países otorgan  incentivos fiscales para los cuales no existen evidencias de su efectividad. La CEPAL calcula que estos  privilegios fiscales en la región corresponden a cerca del 4% del PIB de los países, un porcentaje idéntico al  que la región invierte en educación pública. Así, es posible apreciar cómo “desaparece” el 10% del PIB  regional sólo como consecuencia de la evasión tributaria y los privilegios fiscales. Con estos recursos sería  posible garantizar la realización de los derechos humanos y enfrentar enormes desafíos de la actualidad  como el hambre, la pobreza y el cambio climático.

En el actual contexto, de un creciente movimiento transfronterizo de bienes y servicios, los impuestos se han  convertido no solo en un asunto interno, sino también internacional. Esto se debe a que, con una mayor  globalización, múltiples países reclaman el derecho a gravar los mismos ingresos o entidades derivados del  movimiento transfronterizo de bienes y servicios. Mientras tanto, también hay una creciente presencia de  empresas multinacionales que participan en una planificación fiscal agresiva al abusar de las diferencias en  las normas tributarias entre diferentes jurisdicciones, la existencia de paraísos fiscales, la mayor  sofisticación de los sistemas financieros, así como la evolución en la forma de hacer negocios debido a la  digitalización de la economía. En ese marco, el poder de gravar impuestos es una cuestión que involucra  consideraciones políticas, económicas y de soberanía, que trascienden las fronteras nacionales, debiendo  canalizarse en agrupaciones regionales y foros internacionales a los que los países pertenecen y utilizan  para avanzar en sus intereses.

Estos problemas y factores a los que nos enfrentamos han hecho necesaria la cooperación fiscal  internacional. Para enfrentar esta crítica pérdida de recursos públicos, es imperante que los países  cooperen entre sí, precisamente porque el abuso fiscal no tiene fronteras. Los gobiernos necesitan actuar  colectivamente para acabar con las guaridas fiscales y financieras, combatir los flujos financieros ilícitos e  impedir la concesión de incentivos fiscales inefectivos que provocan la carrera a la baja entre países, entre  otros problemas. Asimismo, la cooperación es crucial para lograr que las multinacionales tributen en los  países donde generan sus beneficios, promover el intercambio automático de información tributaria y  financiera, y establecer normas que permitan procesos fiscales más justos e inclusivos.